Ambas entidades aseguran que el proyecto no debería tener un enfoque comercial.

Se conoció a través de la cadena radial Blu Radio dos documentos de la Universidad de los Andes y de la Asociación Colombiana de Arqueología que dejan serias dudas sobre el proceso de contratación para la extracción de los bienes del Galeón San José, a través de una Alianza Público Privada que contempla un pago a la empresa originadora a partir de algunas piezas que no sean consideradas patrimonio cultural.

El análisis se basa en el establecimiento de unos porcentajes que permiten comparar el beneficio país contra y con el riesgo de que, si en efecto se concluye que no hay bienes no patrimoniales, la empresa no podrá recibir nada a cambio por su trabajo.

Sin embargo, el Departamento de Antropología de los Andes revela nuevos datos. El primero de ellos tiene que ver con unas supuestas incongruencias en la minuta de la APP que está publicada en el Secop como parte del proceso que finalizará el próximo 15 de junio.

“Analizada la minuta de la APP, sorprende encontrar que no se revisaron las referencias cruzadas en el documento colgado en la página web de MinCultura produciendo errores a lo largo del texto. En las páginas 12, 13, 38, 50 y 56 aparece en la sección ¡Error! (…). No se encuentra el origen de la referencia, dando pie a problemas de interpretación e incertidumbre de los derechos y deberes de las partes. Lo anterior en el contexto de un contrato de 70 millones de dólares es una falta grave”, se lee en el texto que fue escrito luego de un análisis detallado de los profesores Luis Gonzalo Jaramillo y Manuel Salge Ferro, ambos doctores en Antropología.

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Pero el documento va más allá. Según el Departamento de Antropología, en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que está compuesto por más de 13 sillas de expertos y entidades que evalúan pieza a pieza para determinar si se trata de patrimonio o no, habría un conflicto de intereses por la cantidad de funcionarios de varias carteras.

“Los miembros del Gobierno que pertenecen al Consejo podrían tener un conflicto de intereses al tomar esta decisión, puesto que los bienes que ellos excluyan de ser patrimonio, al ser comercializados, entrarían como dinero a las arcas del Estado y consecuentemente a sus propias carteras. En este escenario, 6 miembros con voto del Consejo Nacional de Patrimonio hacen parte del gobierno y 3 más son nombrados por el Ministro de Cultura. Esto supone un conflicto de interés por parte de las instituciones y carteras involucradas.”, añade el texto.

Por su parte la Asociación Colombiana de Arqueología también se refirió al proceso yendo más allá. Y propuso la “derogación” de la ley 1675 de 2013 que es la que permite que hasta el 50% de lo que no sea considerado patrimonio, sea comercializado como parte de pago a la compañía que realiza el proyecto. También solicita el abandono de la APP y “excluir en lo sucesivo toda posibilidad de intervenciones no científicas con intereses de beneficios económicos”.

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El Phd Manuel Salge Ferro explicó que la alternativa que contempla que algunas piezas del Galeón puedan ser vendidas por el concepto de repetitividad no es pertinente porque cada pieza tiene una historia diferente. “Es como si usted tuviera el balón del mundial, y lo vendiera al precio del balón, y no por lo que significa para un grupo relevante de personas”.

El Galeón San José, hundido a 600 metros de profundidad en 1708 en alguna zona cerca a la isla de Barú en Cartagena, ha estado rodeado de muchos intereses y cuestionamientos frente a la forma en la que debe recuperarse sus bienes. Por lo pronto, la Unesco, la Procuraduría General, la Universidad de los Andes, del Externado, del Norte, la Nacional y la de Antioquia, además de la Asociación de Arqueología, no consideran conveniente la forma en la que el Ministerio de Cultura en el cierre del Gobierno Santos ha desarrollado el proceso de contratación.

La cartera está revisando los documentos para elaborar una respuesta formal. Y ha insistido en numerosas oportunidades que el trabajo sobre el galeón es absolutamente técnico, científico y detallado cuidadosamente con todas las garantías legales para que Colombia sea el mayor beneficiado. La APP le exige a la empresa la creación de un laboratorio científico y de un museo para que los ciudadanos puedan ser testigos de la historia guardada en el barco durante más de tres siglos.

Pero las dudas sobre la compañía Maritime Archaeology Consultants, el contrato, y el tratamiento comercial a un patrimonio de la humanidad son cada vez más profundas y difíciles de sortear.

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