Transparencia, lo que más se reclama en el proceso del Galeón San José

Las advertencias por parte de la Procuraduría en este proceso no cesan y son varias las explicaciones que el Ministerio de Cultura tiene pendientes por dar.

Persisten los interrogantes sobre uno de los tesoros más preciados de la época de la Colonia que tiene enfrentados a los gobiernos de Colombia y España. El cierre de la adjudicación del contrato con el que se busca rescatar la colección avaluada en US$10.000 millones, que yace en el fondo del mar cerca de Cartagena, estaba programado para este viernes 25 de mayo, pero el plazo —una vez más— se amplió hasta el próximo 15 de junio. El objetivo, según el Gobierno: permitir que más empresas se postulen para su rescate. La Procuraduría continúa reclamando un proceso público y transparente, mientras el Ministerio de Cultura asegura que todo ha sido conforme a la ley. ¿Quién será el ganador del tesoro?

Como entidad de vigilancia, el Ministerio Público le ha puesto la lupa al tema. En un documento de marzo de este año, enviado desde la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública a la cabeza de esa entidad, Fernando Carrillo, se consignaron seis observaciones y dudas sobre el proceso. La primera de ellas tiene que ver con la remuneración al contratista que logre adjudicarse el proyecto, que es considerado uno de los más importantes y representativos para la historia del país. Según se señala en un documento de 14 páginas, al cual tuvo acceso El Espectador, en el marco de este proceso se autorizó una exploración sin que hubiera “contrato alguno entre el Ministerio de Cultura y la empresa que presentó la propuesta”.

Para la Procuraduría, la ley dice que al no haber contratación, no se puede ofrecer un 50 % del valor de los bienes recuperados del hallazgo que no constituyan patrimonio cultural de la nación como remuneración. “El Ministerio de Cultura (…) podría estar vulnerando el ordenamiento jurídico y viciando con esto las actuaciones desarrolladas dentro de la APP, al contemplar dentro de sus condiciones un tipo de remuneración que la ley no ha establecido para las Asociaciones Público-Privadas”, asegura la entidad de control.

Del mismo modo, esta entidad afirma que es “contradictoria” la remuneración presentada por el Ministerio de Cultura en el Consejo de Ministros, que fue “del 20% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio”, frente al porcentaje fijado en el oficio enviado por este Ministerio a la Procuraduría, que es de más del 40%. El segundo llamado realizado por el ente de control tiene que ver con las adiciones a la propuesta del Originador, es decir la empresa británica Maritime Archaeology Consultins SwitzerlandAG (MACS), quien fue la primera en sumarse a esta iniciativa.

Según el Ministerio de Cultura, el 20 de septiembre de 2016 se recibió una primera propuesta por parte de la empresa británica Maritime Archaeology Consultins SwitzerlandAG, la cual se reemplazó por una nueva propuesta el 30 de septiembre de 2016. Al revisarla y solicitar varios complementos por parte del Ministerio, casi un año después, es decir, junio de 2017, los británicos la reemplazaron en su totalidad.

Ante tantos cambios, la Procuraduría puso la normatividad sobre la mesa y aclaró que la ley 1508 de 2012 señala que se pueden elaborar estudios adicionales o ajustes al proyecto, siempre y cuando sean solicitados por la entidad estatal competente. “Existen posibles actos ejecutados fuera de la norma; tales como la aceptación por parte de la entidad estatal de reemplazar la propuesta en dos ocasiones, cuando lo que se encuentra permitido son adiciones o complementos de esta solicitadas por parte de la entidad pública”, lo que al parecer no se dio en este caso.

Otro de los puntos sensibles tocados por el Ministerio Público tiene que ver con el presunto cambio de empresa interesada el 30 de marzo de 2016, cuando el Ministerio de Cultura autorizó la cesión de los derechos como Originador de la sociedad Maritime Archaeology Consultants Limited a la sociedad Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG. Aunque pudiera entenderse como un simple cambio de razón social, para la Procuraduría, se trataría de un nuevo Originador. “El Ministerio de Cultura presuntamente tomó decisiones y avanzó significativamente en conductas que deberán ser valoradas desde el punto de vista disciplinario”.

La última observación tiene que ver con la publicación del proyecto en el Registro Único de Asociación Público Privada (RUAPP). Según la Procuraduría, hay dos publicaciones relacionadas con el proyecto denominado “San José”. La primera, “Proyecto de arqueología subacuática” del 24 de noviembre de 2014 y la segunda, “Proyecto MAC” del 29 de enero de 2015. Sin embargo, el registro del “Proyecto MAC” resulta “inusual” para la entidad de control, debido a que la radicación por parte del Originador y la inscripción en el RUAPP ocurren prácticamente “el mismo día antes de las 9:59 a.m”.

Este diario contactó a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, para las aclaraciones del caso y prefirió pronunciarse hasta que se radique la respuesta formal a la Procuraduría. Mientras tanto, y para agrandar más el polémico proceso, el Ministerio decidió ampliar el plazo para la adjudicación de esta licitación, el cual quedó fijado para el próximo 15 de junio, aplazamiento que ya ha ocurrido más de una vez. A esto se sumó un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que dio a conocer este jueves: no es ilegal que se contrate una APP en época electoral. Para la Procuraduría, el Gobierno debía abstenerse de hacerlo en esta época de comicios.

Aunque las críticas al respecto continúan, porque hay quienes dicen que, al tener un solo oferente (Maritime Archaeology Consultins SwitzerlandAG) el contrato se adjudicará de manera directa, el Consejo de Estado aclaró que la licitación está vigente, por lo que pueden continuar las postulaciones. Por ahora, la empresa británica MACS es la única que queda en el ruedo, luego de que su contendora, Géminis Consultores Ambientales, se retirara argumentando “múltiples inconsistencias frente a sus peticiones, observaciones del proceso y falta de garantías”.

El Ministerio de Cultura aseguró que Géminis Consultores Ambientales nunca tuvo el carácter de proponente en el proceso público, y que, por el contrario, sólo presentó observaciones al proceso, “las cuales le fueron respondidas el 2 de abril de 2018 a través del SECOP”, según señala la entidad. El tesoro del galeón San José seguirá reposando en el fondo del mar Caribe, donde fue hundido hace 309 años, hasta que se aclaren los vacíos jurídicos que hay para su rescate. La petición de muchos es que esta vez se actúe con transparencia, para que una de las piezas más importantes de la historia de nuestro país no termine en manos de cazatesoros.

Via El Espectador

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