A principios de mayo de 1708, el galeón San José (GSSJ), el San Joaquín y otros 17 barcos (15 de ellos mercantes) de España, zarparon de Cartagena hacia Portobelo (Panamá), donde se hacía la feria para intercambiar mercancías europeas y asiáticas por riquezas locales. El GSSJ fue cargado con 200 toneladas de lingotes, monedas de oro y plata y otras mercancías, que valían 11 millones de pesos de la época, según los manifiestos de embarque en el Archivo de Indias, de Sevilla.

El 8 de junio de 1708, regresando hacia Cartagena, donde debía reaprovisionarse la flota para zarpar hacia La Habana (Cuba), donde esperaba la flota del francés Juan Bautista D’Çasse y seguir hacia España a llevar sus riquezas para subvencionar la guerra de sucesión de Felipe V, quien llevaba 6 años sin recibir nada de sus colonias y los ingleses lo sabían: La flota fue atacada por 4 barcos corsarios ingleses (HMS Expedition, HMS Kingston, HMS Portland y HMS Volture), que los esperaron en las inmediaciones de Barú. El HMS Expedition, comandado por el comodoro Wager, alcanzó al GSSJ, comenzando la noche. El GSSJ recibió un cañonazo, explotando, partiéndose en dos y hundiéndose. Solo se salvaron 11 marineros de su tripulación de 600 hombres, rescatados por el corsario inglés.​ Los ingleses no pudieron llevarse el tesoro antes de que se hundiera.

El tesoro estaba guardado en unas especies de cajas fuertes y baúles sellados de remesas que enviaban los colonos. Expertos estiman además, unos 10 millones de objetos de valor arqueológico y cultural, de los navegantes, más la estructura del galeón o de sus partes que se logren rescatar.

Ahora, en pleno siglo XXI, aparecen de nuevo los corsarios ingleses disfrazados de expertos en rescate subacuático para llevarse el 50% del tesoro del galeón y el Gobierno anterior, mediante la ley 1675 de 2013, no solo se los facilitó, sino que la licitación para el rescate fue hecha a la medida exacta para que esto sea posible.

Por suerte la Veeduría Nacional para el control social del Patrimonio sumergido interpuso acciones legales y el proceso licitatorio lo revisa el nuevo gobierno hasta el 10 de octubre, plazo que se cumple en unos días.

Durante su campaña, el presidente Duque dijo, refiriéndose a la licitación: “…ese proceso me parece vergonzoso …

Esperamos que la licitación sea detenida por el gobierno y el GSSJ sea declarado patrimonio cultural y todo sea preservado en el museo naval para que estas y futuras generaciones lo vean en toda su magnificencia, evitando que a plena luz del día lo perdamos y lo que no hicieron los corsarios del siglo XVIII, lo hagan en el siglo XXI.

jwporras@balzola.org
El Universal Cartagena

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