« …No cabe aquí una solución intermedia del tipo: vendamos una parte del galeón como tesoro y conservemos la otra como patrimonio. Tampoco aquella —que lamentablemente parece estar explorándose—, de llegar a un acuerdo con MAC para extraer los bienes sin comercializarlos. Señor presidente: quedar bien con todas las partes es en este caso imposible. El país necesita una decisión de fondo. ….»

Desde que inició su mandato, Juan Manuel Santos —hoy expresidente— puso en marcha una estrategia política y legislativa para permitir la explotación y comercialización, por parte de empresarios extranjeros, de los vestigios del galeón San José, un buque naufragado en 1708 en cercanía a las Islas del Rosario, del que se presume transportaba una carga compuesta por metales y piedras preciosas, entre otros contenidos.

Primero, contra las advertencias efectuadas por varios sectores académicos nacionales e internacionales, expidió una ley —la 1675 de 2013— que retiró el carácter de patrimonio arqueológico, y por lo tanto el régimen constitucional de inalienabilidad, a aquellos objetos del naufragio con mayor valor en el mercado internacional de antigüedades —lingotes, monedas y otros objetos de oro y plata, perlas y esmeraldas—.

Después, contrató secretamente con la empresa caza tesoros Maritime Archaeology Consultants —MAC— una exploración submarina que dio como resultado el hallazgo, en 2015, de evidencias que muy probablemente correspondan con ese naufragio.

Luego, el Gobierno Santos diseñó, con apoyo de la misma empresa, un proceso de licitación para el rescate de los bienes del galeón, operación cuyos altos costos de ejecución y ganancias esperadas deben pagarse con el valor de los hallazgos mismos. Debido a demandas que denuncian irregularidades en el proceso, la licitación ha tenido que ser suspendida varias veces.

El Gobierno del presidente Iván Duque heredó una situación compleja. Ahora debe responder, prontamente y sin dilaciones, al cuestionamiento de si los vestigios del galeón son un botín; o si, por el contrario, son las huellas tangibles de otros tiempos, testimonio necesario para reconstruir procesos históricos y nuevas memorias. Es decir, ¿son tesoro o son patrimonio arqueológico?

Si decide reactivar la licitación, propiciará un magnífico negocio para el único proponente, la empresa MAC, mientras que al país le quedarán un laboratorio y un museo en Cartagena, y algunos recursos financieros para el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, —ICANH—, todo ello a costa de la venta del patrimonio cultural sumergido de la Nación y de la integridad del yacimiento arqueológico del galeón. Haría realidad el negocio soñado de Santos, erosionando una disposición constitucional que ha valorado y protegido el patrimonio arqueológico como bien público.

Esa decisión permitiría que prosperen otras iniciativas de explotación comercial del patrimonio arqueológico marítimo y terrestre. Adicionalmente, se afectarán las relaciones con la Unesco, que ha manifestado su desacuerdo con la legislación y la licitación porque conducen a la comercialización de bienes que, de acuerdo con la Convención de Patrimonio Cultural Sumergido de 2001, deben ser inalienables.

Así mismo, se afectarían las relaciones con el Estado español, que ha criticado el proceso de licitación porque considera que el buque, al ser de bandera española, hace parte de su patrimonio cultural.

Si, por el contrario, suspende definitivamente la licitación, además de evitar el deterioro del yacimiento, y proteger los bienes que lo integran, generará condiciones fundamentales para la formulación de una política pública sobre patrimonio cultural sumergido y la aplicación de un programa de investigaciones de largo plazo, que permita intervenir apropiadamente el naufragio, generar conocimiento sobre su valor histórico, científico y cultural, y fortalecer las capacidades locales en la materia.

Esta iniciativa ha sido expuesta en detalle al actual Gobierno y a la opinión pública, por la Red Universitaria de Patrimonio Arqueológico Sumergido, una iniciativa nacional puesta en marcha por la Universidad de Antioquia desde julio de 2018.

No cabe aquí una solución intermedia del tipo: vendamos una parte del galeón como tesoro y conservemos la otra como patrimonio. Tampoco aquella —que lamentablemente parece estar explorándose—, de llegar a un acuerdo con MAC para extraer los bienes sin comercializarlos. Señor presidente: quedar bien con todas las partes es en este caso imposible. El país necesita una decisión de fondo.

Via: http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fU6xboNAFPuVZmBE70qAtiPKUCkKUoYoordUD7heHjneA-6o-vmFMlRduli2ZVsGDRVoxk-yGEgY3aLfdP7-_HJIHotUnVSe5qrIz2n2lLzuL1cFR9DWSb1Fk6k8lBb0gOEWE38IVH7uicmHSeJWmrk3HMSvrf9nlzHqxlEXoBvhYL4CVINMAd3cGowU-r_qJr3Z-IoPLIEaQh-pnzZTK2vq15ZheSUcKYvOCMceOe7EGxjuus6c3X0DkYXRNw!!/

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