El Tribunal de Cundinamarca denegó las medidas cautelares sobre el Galeón San José en un primer momento de su análisis sobre la acción popular que solicitaba detener definitivamente la APP.

BLU Radio conoció el documento que da cuenta de una posición favorable al Gobierno y que desestima varios de los argumentos del demandante.

Uno de esos argumentos tenía que ver con el ofrecimiento de la Unesco, días después de que el presidente Santos, en diciembre de 2015, anunció que su gobierno había encontrado el barco en el punto exacto del océano. El demandante señaló que la Unesco pidió suscribir el pacto del 2001 sobre el patrimonio sumergido, y el Gobierno se negó. Pero el tribunal consideró que de ninguna forma ese era un riesgo inminente para los derechos colectivos toda vez que el Gobierno tenía su propia ley sobre patrimonio, la 1675 de 2013, y una resolución que dejaba claras las reglas de protección a los bienes de un barco hundido.

En lo que respecta a las recomendaciones emitidas por la Unesco, se tiene que la misma está dirigida a los estados parte, y para que ellos intervengan ante el Gobierno colombiano a fin de que se tomen las medidas necesarias para proteger el naufragio San José (…) ese organismo internacional puede impartir tales recomendaciones a sus estados partes, sin que ello per se, pueda tenerse como una amenaza a los derechos colectivos”, explica uno de los folios.

Más adelante agrega que “Colombia no es signataria de la convención de patrimonio sumergido, pues como bien lo manifestó el mismo actor popular, no ha ratificado la convención de la Unesco 2001, por ende, no lo obliga”.

Pero también hace una observación de fondo que tiene que ver con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Una de las críticas durante el proceso de contratación tuvo que ver con este Consejo que está conformado por casi veinte entidades entre universidades, ministerios, expertos y representantes de Presidencia y que decide qué piezas, luego de examinarse una por una, puede ser considerada patrimonio y cual no. Esto con base en conceptos de repetitividad de los elementos.

Sobre este asunto el tribunal expresó: “No hay elemento de juicio alguno, en esta etapa procesal, que permita inferir que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, no va a realizar una protección ejemplar y de acuerdo con las normas nacionales e internacionales pertinentes del navío Galeón San José y todos los elementos que en él se lleguen a encontrar”, explica el Tribunal.

El Ministerio de Cultura pidió que en el proceso se escuchara a la empresa británica Maritime Archeology Consultants, solicitud que fue aceptada por el Tribunal que definió que por ahora no hay ningún riesgo inminente a los derechos colectivos al patrimonio.

El Tribunal pidió a la Procuraduría guardar estricta reserva de la información a la que ha tenido acceso porque en la acción popular se allegaron datos cruciales del Galeón. Hay que recordar que este ya es un asunto de seguridad nacional.

Esta es hasta ahora la primera parte del proceso. El Tribunal debe decidir en profundidad qué pasará con la APP. La ministra de Cultura, por su parte, le pidió al presidente Iván Duque continuar la adjudicación, aunque reconoció que es un asunto de autonomía del próximo Gobierno.

El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).

Desde el anuncio del hallazgo del galeón, en diciembre de 2015, surgieron disputas ya que España aduce que por tratarse de “un barco de Estado” con su bandera le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.

Via Blu Radio

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