Este martes 24 de abril se cierra la licitación para hallar esta embarcación de la armada española. Arqueólogos del país denuncian, sin embargo, que el gobierno entregará patrimonio a una firma que se dedica a la caza de tesoros.

El presidente Juan Manuel Santos no se irá del Palacio de Nariño sin que se defina qué firma se encargará de rescatar el galeón San José. El proceso para elegir a esa empresa es como una ‘contrarreloj’. Este martes 24 de abril, por ejemplo, se cierra la licitación para hallar esta embarcación de la armada española. A partir de ese día, el Ministerio de Cultura verificará si las compañías que se postularon, cumplen con todo los requisitos; entregará observaciones, publicará una lista de precalificados y escogerá a la firma. Todo antes de que asuma el nuevo mandatario de los colombianos.

La licitación, que se realizará mediante una asociación público-privada (APP) “sin desembolso de recursos”, ha sido cuestionada por más de 40 arqueólogos del país, que –incluso- solicitaron a esta cartera del gobierno que suspendiera la convocatoria.

“Este hecho no solo pone en peligro el patrimonio de todos sino que genera un precedente nefasto para el desarrollo de la arqueología como ciencia en Colombia y la región. Solicitamos a las autoridades la cancelación de este proceso licitatorio, teniendo en cuenta que hay interés de la comunidad científica nacional e internacional por adelantar un proyecto verdaderamente científico, garantizando la unidad del contexto arqueológico”, se lee en uno de los apartes de una misiva que el grupo de arqueólogos le envió a la Procuraduría.

Ante esto, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, respondió el pasado 20 de abril que el proyecto que se adelantará “es de carácter científico”, y que la APP “se hace con estricto apego a las normas constitucionales y legales colombianas, así como a los lineamientos trazados por las tres Altas Cortes”. La ministra solicitó que se detuvieran a analizar el pliego de condiciones para rescatar el galeón, que aparece en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop I.

Los académicos cuestionan que el presidente Santos anunciara (15 de noviembre de 2015) el hallazgo de este barco, luego de que se aprobara en 2013 la ley 1675 o ley de Patrimonio Sumergido, que permitiría la comercialización de una parte de lo que se encuentre en el mar Caribe. El arqueólogo y profesor de la Universidad del Norte, Juan Guillermo Martín, afirma –precisamente- que ese decreto “se hizo para la exploración, busque y saqueo del galeón”. Él es uno de los científicos que cuestiona este proceso.

Los arqueólogos denuncian que una de las empresas que se ha postulado a la licitación, la Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, sea la misma que desde 2014 ha trabajado este tema con el gobierno, y estuvo a cargo de la exploración. Ellos aseguran que los integrantes de esta firma, al menos los que aparecen como especialistas, han estado involucrados en proyectos de caza de tesoros en diferentes lugares del mundo. Y el gobierno, de acuerdo a los científicos, escogería a esta empresa para hallar el San José.

Se espera que esta semana la Unesco se pronuncie sobre la comercialización de los objetos que se rescaten del galeón, y ponga en marcha la reclamación del patrimonio por parte de los estados firmantes de la Convención 2001 para la protección del Patrimonio Subacuático, con lo que se dificultaría la venta de monedas, lingotes o bienes muebles en los países que forman parte del tratado internacional.

La embarcación

El galeón San José fue hundido por una flota de buques ingleses el 8 de junio de 1708, muy cerca de la isla de Barú, en Cartagena. Historiadores afirman que venía cargado con lingotes, monedas de oro y plata, y otras mercancías, que por aquel entonces sumaban 11 millones de pesos.

El Heraldo

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