¿Cuál será la suerte del Galeón Señor San José?

Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta / Veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia / Octubre 15 de 2018

Colombia adelanta desde marzo de 2018 el proceso de contratación para la extracción, estudio y exhibición del Galeón Señor San José –GSSJ–, navío español que naufragó el 8 de junio de 1708 en cercanías a la ciudad de Cartagena de Indias, para muchos, el máximo bien de interés cultural hallado en la historia de Colombia. Este complejo y cuestionado proyecto fue planeado, estructurado y diseñado durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), el cual demanda acciones inmediatas para evitar su fragmentación.

Desde el comienzo el proyecto se ha manejado tras un velo de misterio. Uno de sus principales inconvenientes surgió cuando se conocieron los pliegos de condiciones publicados en marzo de 2018, en los cuales se determina que el proyecto será financiado utilizando la propia carga contenida en el naufragio como medio de pago por su extracción, estabilización, restauración y exposición. Propuesta que a todas luces atenta contra el patrimonio cultural de la nación, máxime cuando está planteado que la remuneración para el originador podría llegar hasta el 45% del patrimonio representado en metales preciosos y joyas, divididos al peso, como si de chatarra se tratara.

Vale anotar que será el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural –CNPC– quien declarará, después del rescate, que elementos no serán considerados patrimonio cultural de la nación, por tanto, el gobierno no puede hacer ningún tipo de cuenta, así sea a futuro, con la carga contenida en el naufragio, ya que esta, por ley, está por fuera de cualquier dinámica comercial, pues el naufragio, aún antes de ser descubierto, por su calidad de bien integrante del patrimonio cultural de la nación no puede ser objeto de ningún tipo de comercio, es literalmente intocable, protegido por los Artículos 63 y 72 de la Constitución Nacional, como un bien inalienable, imprescriptible e inembargable. Igualmente, esta pretensión de comercializar el patrimonio cultural, atenta contra la memoria histórica de Colombia, ofende por igual a otras naciones con las que comparte un pasado común, ya que, los mencionados pliegos de condiciones fueron elaborados sin considerar en lo más mínimo la reacción pública nacional e internacional.

En esos mismos pliegos de condiciones diseñados por el gobierno Santos, en el capítulo que trata sobre la remuneración para el originador del hallazgo, se limita el monto a pagar al originador, hasta un máximo cercano a los 147 millones de dólares de los que este, deberá invertir hasta 70 millones de dólares en el desarrollo del proyecto; esto último inquieta, pues, sí será el originador quien extraiga (Por tanto: ¿podría dejar en el lecho marino lo que no le interese?); restaure (Por tanto: ¿podría dejar de lado lo que no le interese o convenga restaurar, dado el alto costo que le implicaría?); también, estará bajo la batuta del originador la construcción del laboratorio y el museo, sobre los cuales hay solo información general, más no puntuales especificaciones para un par de proyectos de esta envergadura. (Por tanto: Sí el originador desarrolla el proyecto bajo su criterio ¿Cómo se le podrá obligar a que lo haga como debe ser, si no hay planos arquitectónicos y demás pertinentes desarrollados por reconocidas autoridades en la materia?).

Los efectos emergentes y colaterales de estas malas decisiones están ahora en manos del nuevo Gobierno.

GOBIERNO DUQUE EN LA MIRA

Lo ideal es que Colombia declare el pecio del GSSJ como un Bien de Interés Cultural –BIC–, lo que garantizaría su total salvaguardia como una unidad indivisible; cancele por completo el proyecto de Asociación Público Privada –APP– que se pretende adelantar con el originador y diseñe un nuevo proyecto en el cual Colombia asuma el liderazgo que nunca ha debido delegar y adelante el proceso en su totalidad como un proyecto de Estado, contrate y vincule a los mejores sin comprometer una astilla de madera del naufragio, solicite colaboración internacional a agentes con probada experiencia profesional y moral en las diferentes áreas del proyecto.

¿EL GOBIERNO ESTÁ DELEGANDO EN EL PODER JUDICIAL LA LEGITIMACIÓN DEL PROYECTO?

En la actualidad, el tema del GSSJ fue delegado a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, y aunque todos esperamos solo lo mejor del nuevo gobierno, la inacción de fondo sobre el asunto genera gran inquietud, pues ya han pasado más de dos meses y no es comprensible que este proyecto siga de suspensión en suspensión; mientras que, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la pugna legal continúa entre los que adelantamos acciones que pretenden la protección del patrimonio y la cancelación del proyecto y, los asesores jurídicos del gobierno que se esfuerzan por liberar, cuanto antes, el proyecto de estas “incomodidades”, para continuar el cronograma trazado desde el gobierno Santos, que llevará este magnífico hallazgo al desastre. Esto, en plata blanca, es como si el gobierno estuviese con sus dilaciones, delegando en el poder judicial, la legitimación del proyecto.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS RETRASOS?

Y si no fueran estas las verdaderas causas que motivan al gobierno para conceder las sucesivas prórrogas ¿Qué poderoso interés hace contrapeso a la razón para que el gobierno actual conceda, con las sucesivas prórrogas a la suspensión del proceso de contratación, legitimidad a un proyecto que ha debido cancelar de entrada, por completo y de tajo?

Mientras la amenaza de continuar este proceso como viene diseñado desde el gobierno Santos permanece, es oportuno también preguntarse: ¿Cómo puede ser posible que Colombia a estas alturas, en pleno siglo XXI, se mantenga impávida ante semejante atropello? Los medios de comunicación, la Academia y la sociedad civil en general, deben pronunciarse.

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