El patrimonio que se encuentre será de propiedad de Colombia, determinó el tribunal

La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que el Patrimonio Cultural Sumergido que eventualmente se encuentre en el lugar del naufragio del Galeón San José, pertenece a la Nación.

La Corporación explicó que cuando se haga la recuperación efectiva del naufragio, será el Consejo Nacional del Patrimonio Sumergido el que tiene la competencia para definir si hay algo que pueda considerarse un tesoro y para determinar qué tipo de bienes constituyen patrimonio sumergido.

“A la fecha de expedirse esta sentencia aún no se ha encontrado naufragio alguno en el sitio exacto (…) En caso de que ello ocurriere, las normas hoy vigentes han precisado que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es la única entidad competente para decidir cuales bienes de un hallazgo han de ser considerados patrimonio cultural sumergido, sin más condicionamientos que los impuestos por los criterios de representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-264 de 2014”, dice el fallo.

Y aclaró que:

“bienes que el Consejo considere excluidos de la categoría de Patrimonio Cultural Sumergido, se regulan por las normas del Código de Comercio y los artículos 710 y concordantes del Código Civil en cuanto al salvamento”.

La determinación del Consejo de Estado se dio al negar una acción popular que buscaba tumbar la resolución 354 de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) del 3 de junio de 1982, que le dio el carácter de denunciante del Galeón San José a la empresa Compañía Glocca Morra, que tiene como cesionaria a la Sea Search, lo que le dio derechos de exploración y de propiedad sobre los hallazgos del Galeón pero en las precisas coordenadas que entregó en su momento y no en otras, como al parecer ocurrió.

Al negar la acción, la Sala Plena dejó intacta esta resolución y señaló que el patrimonio de la Nación no se encuentra en riesgo por el hecho de que la Dimar haya reconocido que la Sociedad Glocca Morra Company puede ser denunciante de tesoros en relación con ese probable hallazgo.

Esto, porque, aunque inicialmente se creía que la resolución generaba confusiones al equiparar los conceptos de “tesoro” y de “especies náufragas”, esto quedó subsanado con un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2007 que determinó que los bienes que integran el patrimonio histórico, cultural y arqueológico, incluido el submarino, que se hallen en las coordenadas exactas objeto de la Resolución 354 de 1982, serán amparadas por la autoridad nacional legalmente encargada de ello, y por tanto, no pueden ser considerados “tesoros”.

“La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado considera que la Resolución 354 de 1982, que reconoció la calidad de denunciante a la sociedad Glocca Morra Company, sí fue una grave amenaza o riesgo de los derechos e intereses colectivos invocados en esta acción popular, pero con todo, la sentencia de la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al excluir de los posibles derechos de propiedad de la sociedad norteamericana, los bienes que sean clasificados como patrimonio cultural, histórico o científico, evitó en forma eficiente y oportuna cualquier daño contingente, peligro, o amenaza sobre los derechos e intereses colectivos cuyo amparo se ha solicitado”, dice el fallo.

La Sala se pronunció sobre una acción judicial que fue radicada por el director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional, Antonio José Rengifo, quien alegaba que la justicia de Colombia debía determinar, “cuál es la validez de esos derechos que le otorgaron a la Sea Search la condición de denunciante del Galeón San José, y con base en la cual esa compañía se ha sentido facultada y legitimada para demandar al Estado colombiano para que se le reconozca el 50% de la carga del Galeón”.

El San José, hundido de un cañonazo por piratas ingleses, era un barco insignia de la Armada española del siglo XVIII que llevaba en su bodega varias toneladas de doblones, barras de oro y de plata, así como toneladas de joyas y piedras preciosas.

“El derecho colectivo relacionado con la defensa del patrimonio cultural, histórico, arqueológico, o patrimonio cultural sumergido, es objeto de salvaguarda judicial reforzada aunque los hechos causantes de su amenaza o vulneración hubiesen ocurrido con anterioridad a la vigencia de la Ley 472 de 1998. Esto, porque a la luz de los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, dicho patrimonio pertenece a la Nación, es inalienable, inembargable e imprescriptible y está bajo la permanente protección del Estado, si los efectos nocivos son actuales y persistentes”, dice la sentencia.

Esta es la sentencia del Consejo de Estado

Colprensa

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